El escrutinio definitivo de las elecciones del 11 de junio concluyó el jueves pasado. La planilla final, con el resultado global de los comicios provinciales, expone en unos pocos renglones las trascendentales decisiones políticas que tomaron, para los próximos cuatro años, 1.114.326 electores (son el 84,9% del padrón general, compuesto por 1.312.532 tucumanos). Pero también deja entrever que hay decisiones que el régimen electoral vigente ha tomado por sí mismo. La más notoria de esas determinaciones es que la voluntad general fue la de consagrar un gobierno de mayoría. El Frente de Todos no es una primera minoría. Consiguió 612.402 adhesiones: el 55% de los sufragios. Supera con holgura la suma de los votos de las otras siete fuerzas que compitieron.

La segunda lectura es que los ciudadanos polarizaron los comicios. La segunda fuerza, Juntos por el Cambio, obtuvo 370.976 votos. Es decir, el 33,3%. Léase, de cada 100 electores, 88 apoyaron al FDT o a JXC. Las seis agrupaciones restantes lograron porcentajes de sólo un dígito. La tercera, FR, consiguió casi el 4%, con 44.060 sufragios. Luego, Libres del Sur, tuvo 17.441 votos (1,57%). Sólo esos cuatros espacios tendrán representación parlamentaria. En el escrutinio final les siguieron:

· Frente de Izquierda: 7.272 votos (0,65%)

· Política Obrera: 3.052 votos (0,27%)

· Nos Une el Cambio: 1.317 votos (0,12%)

· Camino a la Lealtad: 321 votos (0,03%)

El tercer escenario, precisamente, es que si el voto en blanco fuese un partido político, hubiera ocupado el cuarto puesto. Y habría obtenido, metafóricamente, dos bancas legislativas. Ese voto positivo (no es nulo), mediante el cual el elector expone que no le satisface ninguna opción, sumó 41.143 sufragios: el 3,7%. En otras palabras, los desencantados son la tercera minoría.

Ahora bien, esta claridad meridiana que brindan las cifras de las 4.015 mesas escrutadas adquiere otro cariz cuando se traslada a la representación parlamentaria con que contará hasta 2027 cada una de las fuerzas que pugnaron, democráticamente, el 11 de junio.

Orfandades

El lunes pasado, aquí, se avisó de la orfandad de la representatividad que genera la fragmentación del sistema de acoples. Se analizó el caso de la Capital (entonces, único distrito con escrutinio definitivo completo). El número de votos promedio por legislador es 12.646, en esta circunscripción. Es decir, impulsarán, frenarán o modificarán leyes para 1,7 millón de tucumanos parlamentarios legítimamente electos, pero cuya representatividad equivale, apenas, al 0,7% de la población.

Ahora que se cuenta ya con las cifras finales de toda la provincia, surge otro fenómeno: tomando en cuenta la polarización, Juntos por el Cambio tendrá, en la Legislatura, un porcentaje de representación menor en comparación con el porcentaje de votos logrado por el binomio de Roberto Sánchez y Germán Alfaro. Y el número de escaños que ocupará el oficialismo será mucho (pero mucho) mayor que el porcentaje de votos que obtuvo su triunfante fórmula.

Por cierto: aunque se trata de categorías distintas, la “yunta” de Osvaldo Jaldo y de Miguel Acevedo sacó más votos que el total de los acoples de legisladores.

1. En la Capital, el binomio logró 162.331 votos, mientras que los 21 acoples de legisladores del FDT consiguieron 167.936 sufragios. En la Sección I (y sólo aquí) la fórmula consiguió 5.600 votos menos que las colectoras parlamentarias.

2. En el Este, la fórmula gubernamental logró 199.124 votos. En tanto, los cuatro acoples de legisladores totalizaron 189.143 adhesiones. Es decir, Jaldo-Acevedo lograron casi 10.000 votos más que las colectoras en la Sección II.

3. En el Oeste, el gobernador y el vice electos reunieron 260.846 voluntades. Sus 10 acoples obtuvieron 258.118 votos. Es decir, la fórmula logró 2.700 sufragios más que las colectoras.

En definitiva, Jaldo y Acevedo cosecharon, en el global, unos 7.100 sufragios más que los acoples. De modo que es lícito tomar sus 612.402 votos para reparar en la proporcionalidad de la representación parlamentaria que ha conseguido el Frente de Todos por Tucumán.

· La Legislatura se compone de 49 bancas. El 55% de ese cuerpo equivale a 27 bancas. Sin embargo, gracias al régimen de acoples, el oficialismo tucumano, con el 55% de los votos, hoy cuenta con 34 legisladores electos.

· Juntos por el Cambio obtuvo un tercio exacto de los votos. El 33,3% de los lugares de la Legislatura es igual a 16 bancas. Sin embargo, este sector consagró sólo 11 legisladores.

Las cifras no son anecdóticas. En primer lugar, por el desfase de proporciones. La fórmula ganadora logró el 55% de los votos, pero el número de legisladores que ha conseguido (el viernes fueron proclamados los electos y el martes se entregan los certificados) equivale al 70% de la Legislatura. Léase, un 15% más. Su principal antagonista, en tanto, ha obtenido el 33,3% de los sufragios, pero la cantidad de parlamentarios consagrados es igual al 22,4% de la Cámara. Léase, un 11% menos.

En segundo lugar, por el desfase de las implicancias. El triunfo del oficialismo es inobjetable: lo votó algo más de la mitad más uno de los tucumanos. Es decir, le asiste pleno derecho a tener quórum propio, y un poquito más, en la Legislatura. Lo cual le asegura la posibilidad de sesionar cuando lo necesite. Y le da el derecho a no sesionar cuando lo crea inoportuno. Pero con 34 legisladores tiene los dos tercios de la Legislatura (son 33 bancas), más uno. Es decir, aunque no tiene el voto de las dos terceras partes del electorado, su representación parlamentaria es igual a ello. Y esa mayoría agravada le permite desde acusar y destituir a los vocales de la Corte Suprema de Justicia y de los órganos de control hasta habilitar la reforma de la Constitución, sin necesidad de consensuar nada.

Esa es la otra cara del sistema de “acoples”: dados sus resultados, termina determinando que el oficialismo es mucho más mayoritario de lo que realmente es. Y que la oposición tiene un peso mucho menor al que verdaderamente posee. Es decir, el régimen electoral decide más allá de lo decidido por los electores. “Una persona, un voto” es una matemática reformulada por los acoples. Aquí, ahora, “todas las personas emiten un voto, pero algunos votos valen más que otros”.

El “acople”, entonces, no solamente licúa la representatividad: también malversa la democracia.

Autoinmunidades

El resultado del escrutinio definitivo deja al descubierto que el régimen de acoples, estadísticamente antirepresentativo y contrademocrático, es también un sistema autoinmune.

En términos legales, el sistema está consagrado en la Constitución de 2006. Allí figura en una oración del inciso 12° del artículo 43. “Los partidos políticos, frentes o alianzas electorales podrán celebrar acuerdos para apoyar a un único candidato a Gobernador y Vicegobernador y/o Intendente de un partido político, frente político o alianza distinta, sumándose la totalidad de los votos obtenidos por las listas en cada categoría”. No es un imperativo, sino una posibilidad. Dice “podrán”. Y esa es la vía para su reglamentación. El instrumento para ello está previsto por la propia Constitución. Y ya no como una posibilidad, sino como una manda. “Una vez sancionada la reforma, la Legislatura deberá, dentro del plazo de 120 días, dictar la Ley de Régimen Electoral y los Partidos Políticos, de acuerdo a las pautas establecidas en el artículo 43 de esta Constitución”, intima el artículo 158.

Claro: esto es Tucumán. Aquí, los gobiernos toman las posibilidades constitucionales como órdenes, mientras que las órdenes constitucionales son ignoradas con omisiones constitucionales de 17 años.

Entonces, para eliminar los acoples -dicen- hay que reformar la Constitución (el “podrán” permite a los partidos, simplemente, negarse a aceptar colectoras). Pero para limitarlos sólo se requiere una ley. Eso sí: nunca hubo consenso para esa ley. Prueba de ello es el fracaso de la rimbombante e intrascendente “Comisión para la Reforma Política” que la Legislatura creó, por unanimidad, el 1 de septiembre de 2016. Un año atrás, el 23 de agosto de 2015, esta provincia era la mala noticia de este país, por la escandalosa elección de urnas quemadas y acarreos, urnas “embarazadas” y bolsoneos, urnas “refajadas” y tiroteos. Con golpes de pecho, crearon esa comisión especial con 20 miembros del propio cuerpo para promover remedios legales contra el oprobio electoral. Bien, gracias.

La composición de esa comisión para el olvido era su propia antimateria: había un legislador por cada acople que había logrado al menos una banca. La proyección hasta la actualidad no arroja buenos pronósticos. ¿Por qué la Legislatura habría de hacer algo con los acoples si el oficialismo ocupa el 70% de las bancas con sólo el 55% de los votos? ¿Por qué impulsaría un cambio la Casa de Gobierno si el sistema le aseguró las dos terceras partes de la Cámara con sólo la mitad más uno de los sufragios? El acople es, otra vez, institucionalmente autoinmune.

Cambiar el sistema, entonces, demanda de una decisión política, por encima de la conveniencia coyuntural. Curiosamente, esa decisión ha sido “comprometida”. Y no ante los hombres, sino ante Dios. El Dios de los católicos, por cierto. Ante el arzobispo, monseñor Carlos Sánchez, cinco de los siete candidatos a gobernador (sólo Martín Correa -FIT- y Raquel Grassino -PO- declinaron la convocatoria) firmaron un acta de 10 puntos. Uno de ellos es el “Cambio del sistema electoral”.

¿Qué prevalecerá: la fe o la ventaja? ¿El temor a perder el favor de Dios o el temor a perder el favor de las colectoras? Si finalmente se imponen los “acoples”, probablemente se asista al surgimiento de una especie de primera religión electoral. Para el caso, las estadísticas prueban que el régimen ya tiene su primer “milagro”. Cristo, según da cuenta el Evangelio de Marcos, con “cinco panes” y “dos peces” alimentó a 5.000 personas. El “acople” multiplicó el 55% de los votos, que equivalen a 27 bancas, y lo convirtió en 34 escaños (el 70% de la Cámara). Varios miles comerán de ello, también.